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En la mañana de hoy han comparecido ante los medios de comunicación la compañera María José Romero y el compañero Javier Navarro, para valorar la información publicada estos días acerca de la apertura de juicio oral contra Tania Andicoberry por una acusación por presuntos delitos cometidos relacionados con la gestión de una herencia millonaria.
María José Romero ha querido recalcar que este no es un asunto menor, ya que en este procedimiento el Juzgado de Instrucción nº 3 de Albacete contempla, además de las posibles penas de prisión y económicas, la pena de hasta doce años de inhabilitación para el cargo público.
Adjuntamos a continuación, el resto de la rueda de prensa en la que figuran los antecedentes del caso de manera sucinta, así como la valoración completa que ha realizado Javier Navarro como portavoz del PSOE Almansa:
“Desde los años 60, la Diputación de Albacete es heredera de los bienes de Purificación Urrea, una mujer acaudalada que dejó testamento expreso. En él, señalaba que sus bienes debían destinarse a una Fundación religiosa con sede en Aragón. Y sólo en el caso de que esta Fundación no aceptase la herencia —como así fue—, la Diputación podría hacerse cargo de los bienes, pero con una condición muy clara: debían dedicarse a la creación de una Fundación para la construcción de un hospital infantil para niños de escasos recursos y necesitados. La Diputación tomó dichos bienes, pero no se puso en marcha ni la fundación ni el hospital mencionado.
Con el paso de los años, en la década de los 2000, comenzaron a aparecer diferentes herederos que reclamaron sus derechos sobre la herencia. Varias sentencias judiciales han venido dando la razón a estos herederos, y declarando que la Diputación debía devolver los bienes.
A pesar de este contexto judicial, en el periodo 2011-2015 —cuando gobernaba el Partido Popular en la Diputación con Paco Núñez al frente— se sacó a licitación una finca incluida en la herencia, y se hizo con pleno conocimiento de que la Diputación ya no era titular legítima de dichos bienes. Es más, se emitió un certificado —con participación de Tania Andicoberry— en el que se aseguraba que la titularidad correspondía al ITAP (Instituto Técnico Agronómico Provincial), órgano dependiente de la Diputación. Ese certificado es, precisamente, uno de los elementos centrales de la acusación por presunta falsedad documental.
A la luz de cuanto expuesto, desde el PSOE de Almansa queremos ser claros y responsables:
•Respetamos el principio de presunción de inocencia y el desarrollo de todos los procedimientos judiciales, como no puede ser de otro modo.
•Pero también entendemos que este caso exige explicaciones públicas y responsabilidad política inmediata.
Estamos ante una causa que no ha sido archivada. Que no lo ha sido por decisión del juez, no de la Fiscalía. Que contempla penas de prisión y una fianza millonaria. Que implica directamente a una representante política como Tania Andicoberry que ocupa en la actualidad cargos institucionales y de representación en nuestra región y en Almansa.
Por ello, consideramos que la señora Andicoberry debe apartarse de sus responsabilidades públicas mientras la justicia esclarece los hechos. No es una cuestión de ataques partidistas, ni de oportunismo político. Es una cuestión de higiene institucional y de defensa de la ética pública.
Creemos que quien representa a la ciudadanía debe ofrecer siempre las mayores garantías de integridad, y ante un proceso judicial de esta envergadura, lo prudente y lo responsable es dar un paso al lado hasta que todo se aclare.
Esperamos que el Partido Popular esté a la altura de la gravedad de este caso y actúe en consecuencia.”
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