Artículo de opinión – La Universidad pública amenzada

 

 

Hoy hay convocada una segunda jornada de huelga en el sector universitario para protestar por el Decreto que aprueba el plan de flexibilización de las carreras universitarias (el famoso 3+2)  y en contra de la privatización de la universidad pública. El sistema universitario español también está siendo cercenado y, como todo, se hace por mera improvisación y sin tener en cuenta la situación real.

 

Mientras en Estados Unidos y el Reino Unido hay una universidad por cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente, en España hay una por cada 582.000. El 99 % de los primeros países en los rankings universitarios doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España. Se ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y el abandono definitivo solo es del 12%. Aunque aquí invertimos anualmente un 20% menos en recursos, los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a la de los países de la OCDE.  El 79% de quienes obtienen su título en España lo hacen en la edad propia de lograrlo, frente a un 70% de la OCDE. Destinamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y tenemos menos gasto por estudiante.  La tasa de paro de los egresados y egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población. En la universidad pública el coste por estudiante es un 25% más bajo que el de la privada.

 

A pesar de ello se han incrementado las tasas y los precios públicos (en 2009 las tasas cubrían el 15% y hoy el 21%). Se ha reducido una 47 % la partida de becas Erasmus. El número de becarios de las universidades españolas ha aumentado un 20%, pero la cuantía se ha reducido una media del 18%. Se han modificado los criterios para obtener una beca añadiendo criterios académicos además de los económicos y se ha incluido un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable, que depende del número de demandantes y del presupuesto. Se ha producido una rebaja en gastos de personal derivada de la prohibición de la Ley de Presupuestos y se han aumentado las obligaciones docentes lo que conlleva que se investigue menos. Las universidades ahora pueden crear grados universitarios de tres años. Como se establece que los grados van a ser generalistas, los estudiantes, para ser más competitivos, optarán por realizar másteres ya que con ellos lograrán una mayor especialización. El 85% de los universitarios que salen graduados proceden de la universidad pública. Sin embargo los datos de los estudios de másteres arrojan un balance del 70% en favor de la universidad privada. En consecuencia se aumentará los precios de la formación porque los másteres son sensiblemente más costosos que las carreras y supondrá más negocio para los centros privados.

 

Creemos que la crisis económica no puede ser la excusa para todo. Si además los datos no avalan las reformas llevadas a cabo por el PP y no responden a ninguna demanda social, sólo nos cabe pensar que todas estas decisiones sólo obedecen a un intento solapado de reconvertir el sistema universitario. Estas medidas solo van a conseguir la destrucción de un sistema universitario público que con grandes esfuerzos había conseguido una calidad y un alcance social considerable a pesar de que siempre ha contado con recursos insuficientes. Si el siguiente paso del gobierno es modificar las normas de creación de nuevas universidades estaríamos en la antesala de la privatización de un nuevo servicio público.

 

Es evidente que la institución universitaria debe ser reformada. Se puede y se deben optimizar recursos adecuando la oferta a la demanda de estudios, coordinando mejor los mapas de titulaciones o ajustando las plantillas de profesorado a las necesidades reales de la docencia y la investigación, entre otras medidas. Pero esto no se puede conseguir con menos recursos, sin consenso ni negociación. Si deterioramos el sistema universitario público tendremos asociada una evolución negativa de la economía, el empleo, de la situación de las empresas y el bienestar social. Debemos evitar una universidad de primera y otra de segunda, donde prevalezca un modelo que sea negocio para unos pocos en detrimento de un buen servicio público de enseñanza superior que garantice la calidad y  la igualdad de oportunidades.