Comunicación PSOE 
Las Comunidades deben saber si tienen que pagar o no las liquidaciones sobre los contadores padre.
Aqualia sigue con su campaña para la instalación de los contadores Padre, iniciada en agosto de este año, justo cuando se cumplen 5 años de la aprobación del Reglamento de Servicio Municipal de Agua que lo regula.
Además de los contadores, que son de instalación obligatoria en todas las comunidades, la concesionaria está realizando una ‘inspección’ acusando a todas las comunidades de defraudar.
“Está considerando como fraudulentas las instalaciones de las comunidades y aplicando unas tasas de consumo muy superiores a lo que las comunidades pueden haber gastado en estos últimos años. (El consumo de agua de tres horas diarias a pleno caudal durante cinco años)” explicaba la concejala socialista Gracia Martínez que ha comparecido hoy junto al portavoz Manolo Serrano.
“Aqualia actuando con evidente mala fe ha esperado cinco años para cobrar las liquidaciones más altas legalmente posibles. Sin aviso ni comunicación previa a las comunidades” han detallado.
Hace tres semanas que tanto la concejala del Ciclo Integral del Agua, como el alcalde Roselló anunciaron que negociarían con Aqualia para que los vecinos no tuvieran que pagar estas liquidaciones. También entonces la concejala anunció la convocatoria de una Mesa del Agua que tampoco se ha producido.
A pesar de las afirmaciones de Mª José Cuenca de que la empresa concesionaria no tiene capacidad sancionadora, las comunidades siguen recibiendo liquidaciones por un supuesto fraude que tienen que abonar en 15 días, bajo amenaza de sanción administrativa de 6.000 euros e incluso de acciones legales.
“Exigimos al alcalde Javier Roselló que aclare si los ciudadanos tienen que pagar o no estás liquidaciones y si, quien ya las ha pagado puede exigir su devolución, aseguraba Serrano.
Ha dejado transcurrir el máximo legal para cobrar liquidaciones más altas, y están enviando cartas muy duras con un cálculo que no corresponde al consumo efectivo si no al calibre de la acometida. Las comunidades están pagando bajo amenaza de sanción, pero el alcalde Roselló se comprometió a solucionarlo y le exigimos que ofrezca una solución y que cumpla su palabra”.
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