Transparencia aparente

 

¿Transparencia? Sí. La opinión de hoy versa sobre ese tema. Tema que se convierte en algo todavía más aparente con vista a unos comicios donde todo el mundo quiere enarbolar esa bandera.

 

Reconozcamos que somos un país que tiene el honor de ser uno de los últimos países de la Unión Europea en aprobar una ley de Transparencia. Si en este tema, y como en otras muchas cuestiones, quienes nos gobiernan a nivel nacional están dejado mucho que desear con una ley de mínimos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían contrarrestar esta aparente transparencia cumpliendo con máximos esta nueva ley. Deberían fortalecer, ampliar y consolidar la concepción de lo público, primando el interés general, mediante medidas de participación, información y transparencia. La tan demandada regeneración política debe nutrirse de avances democráticos como el derecho a saber. La calidad democrática gira entorno a la transparencia y ésta debería ser un elemento fundamental de la comunicación política y la gestión de lo público.

 

Probablemente en comunidades y ayuntamientos, quienes ya gobiernan y quienes se enfrentan a ellos en los próximos comicios, no esperaran ese plazo de un año que les concede la nueva ley y empezaran a anunciar medidas de transparencia como reclamo para futuros votantes. Si lo que pretenden (pretendemos) es recuperar la confianza perdida de los ciudadanos no les va a valer (o no nos va a valer) sólo con la teoría,  con decir que van (o vamos) a ser más transparentes que nadie. Con poco que se haga ya se va a poder ser más transparente que lo que había hasta ahora. Pero no debemos conformarnos, ni como ciudadanos, ni como gobernantes o futuros gobernantes, con buscar ese poco más,  sino con lograr el máximo de. Y ese máximo de transparencia no se va a conseguir con cambiar una página web, publicar cuatro datos más y proponer dos reuniones con vecinos.

 

Si queremos cumplir con nuestra obligación de servicio público y que prime el derecho a saber de nuestros conciudadanos debemos hacerles partícipes de nuestra gestión. La transparencia no es sólo visibilidad, debemos potenciar una nueva relación entre la política y los ciudadanos. Es evidente que deben tener un acceso fácil a toda la información concerniente a presupuestos, gastos, retribuciones de cargos y personal y gastos inherentes a los mismos. También deberían tener información sobre contratos, concesiones, bases para lograrlos, criterios que se siguen, etc. Se debería acabar con el silencio administrativo y crear comisiones de control y seguimiento de contratos públicos y  servicios privatizados. Y sobre todo se debe generar una cultura de la participación creando espacios de implicación que permitan visibilizar las propuestas de los ciudadanos y que éstas tengan un efecto evidente en las políticas públicas de la ciudad. El ciudadano debe ser generador de información, transmisor a las administraciones y receptor de la misma.

 

Sólo entonces podremos hablar de transparencia real y no de aparente transparencia.