Esta semana se ha publicado la Memoria de Cáritas del año 2013. No hemos tenido que volver a escuchar las declaraciones del ministro Montoro, como hizo en su día con el anterior informe, diciendo que no se ajustaba a la realidad, porque ya es imposible negar que la situación de una gran parte de la sociedad española es de una gravedad extrema.
El gráfico lo dice todo en cuanto a números. Números que no deben impedirnos ver lo que hay detrás: personas. Cada vez más personas que están siendo duramente golpeadas por las consecuencias de una crisis económica y que, una vez más, desmienten con su situación las expectativas positivas de quienes nos gobiernan. Porque gobernar con políticas de austeridad y de recortes, escudándose en la crisis, no ha hecho sino acentuar aún más las desigualdades y la falta de oportunidades para el mañana. La destrucción del empleo, la pérdida de poder adquisitivo y la precariedad, junto a políticas de recortes sanitarios, educativos y de índole social están logrando perpetuar la pobreza en nuestro país.
Mientras, muchas organizaciones como Cáritas están multiplicando sus esfuerzos para ayudar a las familias a paliar su situación mediante el pago de alquileres, facilitando alimentos y demás necesidades básicas, incluso atendiendo la falta de medios sanitarios, como medicamentos. Sin embargo ven reducidos los fondos públicos que antes les destinaban. Están dando cobertura a los más desfavorecidos gracias al crecimiento de los fondos privados y al aumento inestimable del voluntariado.
La pobreza es una realidad y su solución no pasa por ceder la responsabilidad a entidades “sin ánimo de lucro” para dejarla en manos de la caridad o la beneficencia. Quienes nos gobiernan deberían ser los máximos responsables de los derechos básicos de los ciudadanos y deberían garantizarlos.
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