La comparecencia de hoy nos produce un especial bochorno, puesto que el motivo de la misma es un grave incumplimiento por parte de Roselló que no hace sino desprestigiar el buen nombre del Ayuntamiento de Almansa con sus prácticas oscuras. Ya estamos acostumbrados en este Grupo Municipal a que Roselló y sus concejales no contesten a nada, algo que conoce muy bien con la ciudadanía almanseña que nunca recibe contestación a sus escritos y peticiones. Lo que no nos podíamos imaginar es que este ayuntamiento y su alcalde a la cabeza fuera a ignorar también a una de las instituciones más importantes de nuestro país, como es el órgano constitucional del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo ha dictaminado que los calabozos no cumplen con la normativa vigente, y deben cerrarse definitivamente y que se haga uso del área de detención y custodia del Puesto de la Guardia Civil, los cuales sí cumplen con lo exigido
El Defensor del Pueblo es el máximo garante de los derechos fundamentales y libertades públicas, y que todas las administraciones e instituciones públicas tienen la obligación de auxiliarlo de forma preferente y urgente en sus investigaciones e inspecciones. Si a cualquier cargo público le llega un requerimiento de colaboración con una investigación del Defensor del Pueblo, tiene prácticamente que dejar lo que esté haciendo y atenderlo.
El Defensor del Pueblo visitó Almansa en julio de 2019 con un objetivo puramente rutinario, pues dentro de las labores de este órgano se encuentra la de servir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y por ello realizan visitas periódicas a instituciones penitenciarias y calabozos en las comisarías de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para comprobar que cumplen con la normativa vigente. Se comprobó que los calabozos de que dispone Policía Local no cumplen totalmente con ella, y se pedían una serie de explicaciones al respecto, para finalmente el Defensor del Pueblo emitir las recomendaciones oportunas. Los calabozos, explicaba el defensor, no tienen las dimensiones mínimas, videovigilancia y tienen elementos como los barrotes que tampoco cumplen los protocolos actuales, entre otras cosas.
El Defensor del Pueblo emitió sus recomendaciones, que, como decimos, no recibieron respuesta del alcalde. Ante la ausencia de respuesta el Defensor del Pueblo ha enviado tres requerimientos escritos al Ayuntamiento, varios emails y ha realizado varias llamadas telefónicas, sin obtener respuesta. Así que este mismo mes de octubre ha realizado una segunda visita a los calabozos de la Policía y al comprobar que no se había hecho nada tres años después ha pedido al Ayuntamiento que los clausure y que los detenidos vayan a las instalaciones de la Guardia Civil.
Nuestro alcalde, Javier Sánchez Roselló, ha tenido que recibir el escrito del Defensor pidiendo la clausura del Depósito Municipal de Detenidos para emitir una contestación después de tres años, dos visitas, y una decena de comunicaciones. Y ante esta situación, Roselló no puede eludir sus responsabilidades y decir que no era consciente de la situación, puesto que no se trata de una carta que pueda extraviar en su cajón del olvido.
No nos explicamos por qué Roselló no tenía interés en pronunciarse sobre esta situación (igual tenía la esperanza, como en otros tantos temas, que cayesen en el olvido y acabase ocupándose de ello la siguiente corporación), por lo que hemos registrado un documento esta misma mañana pidiéndole explicaciones sobre ello.
La excusa que consta en el tercer requerimiento que nos manda el Defensor del Pueblo, tras su última visita hace solo unas semanas, es que el retraso se produce por culpa de la pandemia, lo cual nos parece totalmente desafortunado, ya que la primera visita se produce un año antes de que esta comenzase.
El Defensor del Pueblo, tras ser por fin atendidas sus demandas, ha dictaminado que los calabozos no cumplen con la normativa vigente, y deben cerrarse definitivamente y que se haga uso del área de detención y custodia del Puesto de la Guardia Civil, los cuales sí cumplen con lo exigido.
Como decimos, lamentamos enormemente la actitud de Roselló, pues lo tenía tan fácil como contestar al requerimiento, y una vez emitidas las recomendaciones, bien adaptar los calabozos, o bien cerrarlos si el uso es tan escaso como argumentan. Lo que no puede hacer es mantener una situación que es considerada ilegal, y sobre todo, eludir una de las máximas responsabilidades como mandatario público como es atender y colaborar con el Defensor del Pueblo en sus investigaciones.
El mandato de Roselló encara ya su recta final, y el legado de irregularidades es cada vez más preocupante:
- Consintió que nos cerrasen el albergue de animales durante meses.
- Ha pagado facturas irregulares por la gestión del museo de la batalla.
- Consintió que se instalasen unos bolardos que produjeron multitud de accidentes en la reforma de la calle del Campo.
- Consintió que se privase de derechos a las personas con movilidad reducida de Almansa con la tarjeta blanca cuya eliminación tuvo que ganar este Grupo Municipal en los Tribunales.
- Consintió que la empresa de la zona azul le metiera la mano en el bolsillo ilegalmente a las almanseñas y los almanseños y no haya devuelto el dinero.
- Quiso regalarle el pozo de circunvalación a Aqualia saltándose todos los procedimientos legales.
- Ha consentido que la empresa de limpieza facture de más al ayuntamiento y que no aporte la documentación requerida sin ninguna consecuencia.
- Ha empeorado la situación de las viviendas de la calle Rambla de la Mancha siendo ahora más inundables tras las obras.
- Ahora desoye los requerimientos del Defensor del Pueblo y debe cerrar los calabozos.
No sebemos si lo próximo va a ser que nos cierren el Ayuntamiento por quiebra.
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