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La tarifa de la Zona Azul muestra que Roselló no controla a las empresas concesionarias de servicios municipales

Cada vez tenemos más ejemplos de incumplimientos de las empresas concesionarias que no se detectan y cuando se detectan no se sancionan

Hoy estamos aquí de nuevo, junto a este expendedor de la Zona Azul, para recordar que, una vez más, llevábamos razón. Hace unas semanas denunciábamos que la empresa concesionaria estaba cobrando desde mayo tarifas indebidas, hoy podemos ver que vuelven a estar vigentes las tarifas de 2020, un 8% más baratas en el tramo de la primera hora.

El Equipo de Gobierno no ha dado explicaciones públicas. A preguntas de nuestro grupo, el alcalde reconocía en el pleno el error y decía que se estudiaba cómo podría la empresa devolver lo cobrado en exceso. Hace ya dos semanas y aún no ha aclarado cómo.

Pablo Sánchez y Valero González han ofrecido la Rueda de Prensa junto a un expendedor de Zona Azul

El alcalde dijo que el error se debía a que la empresa pensaba, tras un acuerdo al que llegó con el equipo de gobierno en diciembre, que podía llevar a cabo la subida. Pero lo que no dijo Roselló es si además de devolver el dinero, llevan pensado sancionar o expedientar a la empresa por unos actos que, más allá de lo que supongan económicamente, son muy graves. Y nos llama la atención que esta subida la realice la empresa por su cuenta justo al reanudarse el servicio tras suspenderse por la declaración del Estado de Alarma.

Que, por cierto, seguimos sin tener noticias del curso que se ha dado a la reclamación que realizó la concesionaria por los importes que dejó de ingresar en dicho periodo, y que, como recordarán, tuvo que ser el Partido Socialista quien lo diera a conocer a los ciudadanos y las ciudadanas de Almansa.

Este episodio con la Zona Azul revela una vez más que el Ayuntamiento no está controlando la prestación de los servicios privatizados por parte de las empresas concesionarias.

En la anterior concesión del Servicio de Turismo la empresa concesionaria era la encargada de mantener el jardín del Castillo. Sin embargo, no lo hizo y llegamos al final del contrato con un jardín en una situación deplorable. Tal como denunció el PSOE. No hubo recriminación ni sanción a la empresa, que volvió a ganar el siguiente concurso, y ahora la jardinería del Castillo la han asumido los saturados servicios municipales.

El Albergue de animales no ha presentado ante el ayuntamiento ninguno de los informes obligatorios, tampoco ante las autoridades de Agricultura, y eso le ha valido las inspecciones sanitarias y finalmente el control de la entrada y salida de animales y que tengamos un albergue intervenido por la Junta. Situación que continúa. El ayuntamiento se ha enrocado en la defensa de la empresa concesionaria, y lejos de rescindirle el contrato, ni la ha amonestado ni sancionado por estos incumplimientos tan graves.

Hemos denunciado cómo Aqualia se apropió de la explotación del pozo de la circunvalación. Tras la denuncia se supone que se detuvo la actividad, aunque Aqualia ha seguido interviniendo en el pozo, puesto que fue precisamente esta empresa la que instaló la actual máquina de cobro. El Ayuntamiento nos dice que devolvió lo cobrado, pero no ha hablado de que pudiera sancionar o expedientar a la empresa, como tampoco lo hizo cuando valló ilegalmente el perímetro del pozo.

Hemos denunciado cómo el ayuntamiento ha pagado facturas duplicadas o emitidas con conceptos indebidos a las concesionarias. Ha pasado en el caso de Turismo o en el del albergue de Animales. La respuesta ha sido siempre la misma: tras reconocerse el error, las facturas se anularían y serían devueltas. Pero nunca hay más consecuencias.

Está demostrado que el Ayuntamiento no controla a las empresas que se encargan de prestar los servicios públicos municipales. El Ayuntamiento ni siquiera tiene personal dedicado a realizar este seguimiento, cuando por Ley está obligado a designar a un Técnico municipal como responsable de la correcta ejecución del contrato.

Por otro lado, cuando se descubren estas irregularidades tampoco hay una respuesta proporcional más allá de lo cobrado ilegalmente. A las empresas les sale barato incumplir sus pliegos, y nos lleva a una situación de total impunidad ante quienes se aprovechan de todas los almanseños y almanseñas sin que Roselló haga nada por impedirlo. Una vez más se demuestra que, pese a que se nos tache de que no nos enteramos, de que mentimos, nuestras denuncias son acertadas y el equipo de gobierno está permitiendo los excesos de las concesionarias y no está sabiendo actuar cuando estos se denuncian y se hacen evidentes. Y estas denuncias, al final, están ahorrando dinero a las arcas municipales.

Cada vez tenemos más servicios privatizados o externalizados y Roselló tiene que poner recursos para garantizar el cumplimiento de los mismos. Las empresas tienen que saber que son controladas y que sus incumplimientos van a tener consecuencias.

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Escrito por Comunicación PSOE

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